Como dice Gabriel Colautti, quien perdió a su padre en la última inundación: "sólo si sos platense sabrías…". Sabrías cómo se ven los muebles llenos de barro, cómo es estar flotando en el agua a la altura del techo de tu casa, qué se siente ver pasar los autos y bicicletas de los vecinos destrozados, arrastrados por el agua, cómo la solidaridad desborda con mayor fuerza que el río descontrolado, el temor que causa un horizonte de nubes negras o que el pronóstico recomiende salir con paraguas. 

 

Sin darse cuenta los platenses, se preparaban para el día más duro de sus vidas como comunidad. Actos de heroísmo individual, muertes sin sentido, devastación y pérdida de todo lo material. Pero lo que murió también esa noche es la creencia de un Estado presente que estaría cuando se lo necesitara, como prometió durante la última década.

 

Y es que la posibilidad de que la pesadilla vuelva ocurrir sigue latente a pesar de haber pasado seis años de la inundación de la ciudad y de haber hecho los reclamos pertinentes. Con cada chaparrón el agua comienza a acumularse en el casco urbano, y amenaza la vida y la seguridad de miles de personas trabajadoras como Gabriel, que cada mañana se levantan para ganar su sustento con mucho esfuerzo.

 

Ante riesgos de inundación en zonas pobladas, la Ley Provincial 6253/60 del Código Civil y la Ley 12257 del Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, otorgan al Estado la responsabilidad sobre la construcción de obras y conductos de aguas pluviales, la elaboración de planes, la confección de cartas de riesgo hídrico, la creación de vías de conservación a los lados de los ríos, el control de construcciones en zonas cercanas y la promoción de forestación. Los vecinos de La Plata no vieron nunca estas medidas implementadas.

 

Lo que los estudios de la Facultad de Ingeniería habían predicho años atrás se cumplió y el 2 de abril del año 2013, la ciudad quedó bajo dos metros de agua y arrebató a muchas familias no sólo sus pertenencias materiales, sino también a muchos seres queridos. Tuvieron que dejar de lado sus duelos, porque el tiempo no espera y las soluciones no llegan solas. Limpiar las casas llenas de barro, rescatar los cuerpos arrastrados por el agua, tirar a la basura tantas reliquias familiares, recuerdos, pertenencias cargadas de valores sentimentales que el agua había estropeado de forma irrecuperable.

 

A las cuatro de la tarde, el día se hizo noche. Cuando comenzaba lo peor, 120 mil usuarios estaban sin servicio eléctrico y, consecuentemente, sin televisión ni internet, sin señal de celular ni telefonía fija. Estaban aislados, desconectados del resto del país y de las zonas de la ciudad en dónde no se registraban inundaciones. A esa hora ya morían atrapados en sus casas los primeros vecinos, como en la zona de 29 y 60, en 17 y 45 y en Parque Castelli o Tolosa. Atrapados en sus casas, sin poder abrir las puertas ni destrabar las rejas.

 

Cientos de  miles de platenses comenzaban las penurias que durarían al menos diez horas. Parados en sillas colocadas arriba de las mesas, o acostados en alacenas. Otros, los que pudieron acceder, pasarían la noche en los techos de sus casas, congelados, acalambrados, llorando, shockeados, sin saber cómo estaban sus familiares en otras partes de la ciudad. 

 

Así, la inactividad del Estado quedó en evidencia mientras los vecinos reclamaban una solución. Aunque esta ya había sido presentada por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata quien, previo a la inundación del 2013, había entregado al municipio el informe en el que se alertaba sobre problemas de desagüe del arroyo El Gato y el desborde de los piletones de la Avenida 32, y en el que también se aconsejaba la realización de 58 obras hidráulicas que preservaran la seguridad de los vecinos frente a una gran tormenta.

 

La necesidad de un Estado presente se hizo patente y los vecinos alzaron su voz reclamando por sus derechos, pero no sólo por una restitución económica de las pérdidas materiales que la inundación significó para cada uno de ellos, sino, principalmente, por una certeza de su seguridad y la de sus hogares ante un posible desastre natural de características similares.

 

Los vecinos se organizaron en asambleas barriales consciente de que únicamente juntos podrían afrontar todas sus pérdidas y comenzar una lucha que, sin un mínimo de violencia, persigue el bienestar de la población. Iniciaron acciones legales en contra de Estado por los daños recibidos y por el incumplimiento de sus responsabilidades ante el riesgo en que se encontraban los habitantes, sin embargo, la única consecuencia fue la multa al Director de Defensa Civil de La Plata durante 2013, mientras los demás juicios quedaron estancados sin presentar, ninguno de ellos, avances para su resolución en la justicia.

 

Muy lentamente y a partir del cambio de gobierno del 2015 las obras comenzaron a realizarse y se tomaron precauciones reubicando a los vecinos que vivían al borde de los arroyos.

 

Hoy, con 15 de las 58 obras necesarias terminadas, el Estado asegura, como sostuvo el Director de Hidráulica de la Municipalidad de La Plata Luis Caruso que, aunque hay obras complementarias y construcciones en las que seguir trabajando, la ciudad está prácticamente impermeabilizada.

 

¿Pero es esto en verdad así? Los miembros de las asambleas barriales no confían en la palabra del Estado por tantos años de promesas sin cumplir, de soluciones sin resultados, de reclamos sin respuesta. ¿La opinión de los especialistas? Los Ingenieros Pablo Romanazzi y José Luis Carnier sostienen que la ciudad aún no está lista para afrontar otra posible inundación y salir ilesa, y que el Estado Provincial en conjunto con el Estado Nacional deberían encargarse no sólo de completar las obras, sino también de elaborar planes de contingencia no estructurales, alertas, evacuación y protección para asegurar definitivamente que la ciudad no corra peligro ante precipitaciones de igual dimensión a las ocurridas hace seis años.

 

Además, aclaran que los eventos naturales, como lo son las inundaciones causadas por la crecida de ríos, lagos y arroyos, no se pueden evitar, como planteó el funcionario, sino solo mitigar

 Sin embargo, Caruso admite que las obras pendientes están lejos de ser realizadas en un futuro cercano debido a que, por decisiones de gestión política particulares de cada gobierno, no se consigue el financiamiento necesario por parte del Estado Nacional ni del Estado Provincial, y que el municipio, por su cuenta, no puede hacer frente a los costos de un proyecto de las dimensiones del que la ciudad necesita.

 

El financiamiento estatal no llega, las obras no se concluyen y los vecinos que poco a poco van reordenando sus vidas y sus viviendas sin ninguna ayuda del Estado, temen volver a perderlo todo.